Mendoza: Justicia mendocina avala avance de proyectos mineros en Malargüe

Un fallo judicial rechazó un amparo ambiental y confirmó la legalidad de las Declaraciones de Impacto Ambiental, dando luz verde para que los primeros 34 proyectos de exploración minera en el Malargüe Distrito Minero Occidental avancen con supervisión técnica y controles ambientales.

La Justicia de Mendoza dio un respaldo clave al avance de la actividad minera en el sur provincial al rechazar un amparo presentado por organizaciones ambientalistas y confirmar la vigencia de la Ley 9.588, que habilita las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de los primeros 34 proyectos de exploración en el Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

La resolución fue dictada el martes 30 de diciembre por el Tribunal de Gestión Asociada-Tercero, a cargo de la jueza María Angélica Gamboa, y puso fin a una de las principales controversias judiciales que enfrentaba la estrategia minera impulsada por el gobierno de Alfredo Cornejo.

El fallo desestimó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Fundación Cullunche y el abogado Eduardo Sosa, quienes buscaban frenar en bloque los proyectos aprobados por la Legislatura provincial. Según la magistrada, no se acreditaron irregularidades sustanciales en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ni elementos jurídicos que justificaran la nulidad de la norma.

Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la falta de individualización del daño alegado. La jueza cuestionó que la demanda atacara de manera genérica a los 34 proyectos, cuando cada uno cuenta con expedientes propios y características técnicas diferenciadas. En ese sentido, remarcó que el desacuerdo técnico con las evaluaciones realizadas no constituye, por sí solo, una ilegalidad.

La Justicia también subrayó que las autorizaciones otorgadas corresponden exclusivamente a la etapa de exploración, con actividades progresivas y bajo control estatal. La sentencia destacó el rol de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), encargada de supervisar y actualizar los controles ambientales de manera periódica. Este modelo establece controles progresivos y permanentes a medida que avanzan las actividades.

Con este fallo, Mendoza despeja uno de los principales focos de incertidumbre jurídica que pesaban sobre el desarrollo minero en Malargüe. Mientras las organizaciones ambientalistas evalúan posibles presentaciones en instancias superiores, el Gobierno provincial suma respaldo institucional para avanzar con un esquema de exploración controlada, que podría marcar el inicio de una nueva etapa para el cobre en el sur mendocino a partir de 2026. Fuente: Fuerza Minera.