Ley de Glaciares: Congreso aprobó la reforma y redefine rol de las provincias

Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados convirtió en ley la modificación de la normativa, que ajusta el alcance de las áreas protegidas y otorga mayor protagonismo a las provincias en la gestión ambiental.

Tras más de diez horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue sancionada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

La reforma introduce cambios en el alcance de las zonas protegidas, habilitando la posibilidad de desarrollar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares previamente restringidas. En este nuevo esquema, las provincias pasan a tener un rol central, ya que serán las encargadas de definir qué constituye un glaciar o ambiente periglacial dentro de sus territorios.

Resultados finales de la votación en la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos clave es la incorporación del principio precautorio, que establece que toda geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares será considerada protegida hasta que la autoridad ambiental competente determine que no cumple funciones hídricas. Esa evaluación quedará en manos de cada jurisdicción provincial, que deberá remitir la información al IANIGLA para su actualización.

Asimismo, se modificó el régimen de prohibiciones, que ahora se aplicará únicamente sobre glaciares y geoformas con función hídrica comprobada. En esos casos, se mantienen las restricciones a la actividad minera, hidrocarburífera, industrial y a obras que puedan afectar su condición natural.

Desde la Oficina del Presidente se emitió un comunicado en el que se destacó la aprobación de la reforma, señalando que la actualización de la normativa permitirá mejorar su aplicación, aportar mayor claridad técnica y acompañar el desarrollo productivo.

Desde distintos sectores ambientales ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para cuestionar la norma, mientras que el Gobierno sostiene que la actualización permite dotar de mayor precisión técnica a la ley y mejorar su aplicación tras más de 15 años de vigencia.

Fuente: Fuerza Minera.