IFC: Estándar que redefine la competitividad de las inversiones en Latinoamérica

Los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) se consolidan como un factor clave para el financiamiento de grandes proyectos en América Latina. Argentina y Chile enfrentan el desafío de demostrar que el desarrollo de sus recursos naturales puede avanzar de la mano de una gestión responsable.

Área de chancado en Rajo Inca (Chile), el proyecto perteneciente a Codelco produce cobre y molibdeno. Sus chancadores reducen las emisiones de polvo y poseen mayor eficiencia energética y automatización.

La forma de evaluar los grandes proyectos de inversión está cambiando. Durante años, la competitividad de un emprendimiento estuvo determinada principalmente por la calidad de sus recursos, la estabilidad económica o los incentivos fiscales disponibles. Sin embargo, el escenario internacional incorpora hoy una variable cada vez más determinante: la capacidad de gestionar los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza.

De acuerdo con el análisis de Francisco Bascur, Consultor Senior Socioambiental y de Asuntos Públicos y Director Ejecutivo de B. Consultoría, los Estándares de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial, se transformaron en una referencia internacional para el financiamiento de iniciativas de gran escala. Más que un requisito regulatorio, representan un marco de trabajo que permite identificar, prevenir y gestionar riesgos, generando confianza entre empresas, comunidades, inversores e instituciones financieras.

Francisco Bascur, Consultor Senior Socioambiental y de Asuntos Públicos y Director Ejecutivo de B. Consultoría.

El peso de estos estándares queda reflejado en el volumen de inversiones que moviliza la IFC. Solo durante 2025 destinó más de USD 56.000 millones al financiamiento del sector privado en economías en desarrollo, consolidando su influencia sobre proyectos vinculados a minería, energía, petróleo, gas y otras industrias estratégicas.

Chile y Argentina representan hoy dos momentos distintos dentro de este proceso. Mientras Chile acumula años de experiencia aplicando estos lineamientos en proyectos mineros y energéticos, especialmente en regiones como Antofagasta y Atacama, Argentina comienza una nueva etapa impulsada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de acelerar el desarrollo de iniciativas estratégicas y atraer capital internacional.

En ambos casos, el desafío ya no pasa únicamente por cumplir con la normativa vigente, sino por demostrar que el crecimiento económico puede desarrollarse junto a una gestión responsable de los impactos sociales y ambientales.

Un aspecto central es que estos estándares también son utilizados por los Principios del Ecuador, iniciativa adoptada por más de 120 instituciones financieras de todo el mundo para evaluar proyectos con potenciales impactos ambientales y sociales significativos. Si anteriormente los inversores concentraban su atención en cuánto produciría un proyecto, hoy también analizan cómo administrará sus riesgos y cómo construirá relaciones sostenibles con su entorno.

Esta evolución explica el creciente interés de organismos multilaterales en desarrollos estratégicos de América Latina, como Vaca Muerta, donde el potencial económico debe complementarse con mecanismos que aseguren un desarrollo sostenible y financieramente sólido.

El encuentro con comunidades tiene una mayor relevancia en la minería actual. Una mayor transparencia con las áreas de influencia busca fortalecer la legitimidad de los proyectos y reducir la incertidumbre.

Aunque habitualmente se vinculan con los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), los estándares IFC cumplen una función diferente. Mientras ESG define las dimensiones que una organización debe abordar para alcanzar un desempeño sostenible, la IFC establece metodologías concretas para gestionar esos desafíos durante todo el ciclo de vida de un proyecto.

Los ocho Estándares de Desempeño abarcan aspectos como condiciones laborales, eficiencia en el uso de recursos, prevención de la contaminación, salud y seguridad comunitaria, adquisición de tierras, biodiversidad, pueblos indígenas y patrimonio cultural, constituyendo uno de los marcos internacionales más completos para administrar riesgos no financieros.

Su aplicación adquiere especial relevancia en proyectos ubicados en áreas protegidas, territorios de alto valor ambiental o zonas habitadas por comunidades indígenas. En línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la IFC promueve procesos permanentes de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a los impactos que una inversión puede generar sobre las personas, incluyendo mecanismos de participación culturalmente apropiados y, cuando corresponde, el consentimiento libre, previo e informado.

Lejos de representar una barrera para las inversiones, este enfoque busca fortalecer la legitimidad de los proyectos y reducir la incertidumbre a largo plazo. La denominada licencia social para operar no reemplaza los permisos regulatorios ni las autorizaciones ambientales, sino que los complementa mediante la construcción de confianza con las comunidades involucradas.

IFC participó en etapas de financiamiento y evaluación del Proyecto Kachi en Catamarca. La operación es uno de los casos mas relevantes de la aplicación de estándares IFC en Argentina.

El concepto de confianza también comienza a trasladarse al ámbito financiero. Los grandes fondos internacionales ya no evalúan únicamente la rentabilidad esperada de un proyecto, sino también su capacidad para gestionar riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, transformando la legitimidad en un activo estratégico para acceder al capital.

Este cambio redefine la competitividad de los proyectos. A los tradicionales factores económicos, financieros y técnicos se suma ahora una dimensión vinculada con la capacidad de generar valor compartido, proteger la biodiversidad, respetar los derechos humanos y construir relaciones sostenibles con los distintos actores del territorio.

Para América Latina, donde el cobre, el litio y otros minerales críticos concentran buena parte de las inversiones futuras, esta transformación representa un desafío y una oportunidad. La competitividad ya no dependerá exclusivamente de la riqueza del subsuelo, sino también de demostrar que el desarrollo económico puede avanzar junto con la protección ambiental, el respeto por las comunidades y una gestión responsable que permita atraer inversiones de largo plazo.

Fuente: Fuerza Minera con información de B Consultoría.